Ante la decisión de demoler la Penitenciaría de Barrio San Martín de la ciudad de Córdoba, publicitada por el Gobierno provincial en abril de este año, y atento a las varias razones de carácter histórico, patrimonial, memorial e identitario que la desaconsejan, la Asociación argentina de investigadores en Historia (AsAIH) expresa su abierto rechazo a la medida y señala la conveniencia de avanzar en la reconsideración patrimonial del inmueble (a lo que contribuirá toda intervención de los organismos competentes), retrotraer la Ley 9497/08 que autorizó a enajenar el predio en 2008, impulsar su re-catalogación patrimonial en el ámbito municipal e instrumentar una instancia concertada de estudio y planificación de una refuncionalización de interés público y significación social, atendiendo las objeciones efectuadas y propuestas esbozadas por los varios sectores sociales implicados (organismos de Derechos Humanos, organizaciones barriales y disciplinares, etc.). En respaldo de esta posición, consignamos sumariamente algunas de las razones que reclaman un tratamiento serio de la cuestión; una versión desarrollada de las mismas puede verse en www.asaih.org .
1- Valor edilicio: Demolidas la primera penitenciaría de Mendoza y la Nacional, la Penitenciaría de Córdoba (proyectada en 1886 por Francisco Tamburini y construida en su mayor parte entre 1889 y 1909) constituye el más temprano ejemplar en pie en el país de cárcel radial de inspiración panóptica. Es, por lo demás, un muy buen ejemplar de arquitectura estatal, de enormes dimensiones y amplias posibilidades de refuncionalización.
2- Valor histórico: La Penitenciaría de Barrio San Martín expresa materialmente un momento central de las ideas jurídicas en Argentina: es la forma que intentó señalar y viabilizar la modernización punitiva en el país, ligada a los esfuerzos por crear “penitenciarías modelo”. En este sentido, la previsión de talleres, escuela, celdas individuales y aun de una capilla traduce el lugar que esas ideas criminológicas, formuladas en clave liberal o positivista, otorgaban a la “regeneración” social y moral, o a la “curación” del penado”, según sus respectivas claves de lectura. Esta relación íntima entre formas e ideas no es menor, máxime cuando una serie de trabajos recientes ha mostrado que esa voluntad de templar el castigo fue contradicha tempranamente por las prácticas efectivas. Dicho sumariamente: la penitenciaría en tanto testimonio material permite eslabonar las transgresiones de las primeras décadas del siglo a las detenciones, torturas y muertes constatadas allí, en radical ilegalidad, en 1976, y aun a algunas de las razones implicadas en el motín de 2005.
3- Valor identitario-memorial: La Penitenciaría fue, por su propia escala, una pieza central en la producción material del barrio y la ciudad. Instalada en un predio externo al centro histórico pero próximo a él, su proyección y construcción inicial coincidieron con el comienzo de los loteos en la zona (1887), promoviendo la articulación al centro y alentando la instalación de una población que ya en el Censo de 1914 se contaría entre las más numerosas del municipio. Esto implica, en el nivel más evidente, que la cárcel fue uno de los agentes de urbanización del barrio. Pero también sugiere su condición icónica respecto del barrio y la ciudad y su carácter de pieza de una memoria comunitaria que no cesa por su desalojo.
4- Valor conmemorativo-memorial: La potencia significante del edificio reconoce expresiones diversas, ligadas a valores universales y a episodios y memorias particulares que no sólo no pueden desatenderse sino que podrían, también, convivir en un proyecto meditado, incluso experimental (idealmente austero, de calidad, utilidad e interés públicos), de refuncionalización del edificio. El uso documentado de la entonces UP1 como sede de detención ilegal, tormento y asesinato en 1976 es precisamente del tipo de episodios que involucran valores universales y memorias particulares, pero además subraya el especial interés probatorio y conmemorativo de ciertas zonas del penal que no siempre corresponden al núcleo histórico y al proyecto original, aunque en general siguen sus trazas y lo completan. Esto implica que es preciso también resguardar esas zonas que trazan el hilo material de la barbarie, revistiendo alto valor memorial y ofreciendo huellas para la problematización del pasado reciente de toda una sociedad y para la producción de consensos urgentes.
Finalmente, entendemos que como recinto la Penitenciaría fue cargándose de sentidos múltiples, muchas veces más lúgubres que prometedores, a lo largo de los años; y también añadiendo valor histórico y memorial: la violencia presumible en los testimonios arrancados entre 1909 y 1911, la que habrían sufrido los presos del plan CONINTES, la constatada en los detenidos ilegales de 1976 o la subtendida al motín de 2005, viene no sólo a exponer la distancia respecto de aquella voluntad reformista que había preformado la “penitenciaría modelo” de fin de siglo sino a señalar a la Penitenciaria de Barrio San Martín como sede de un desajuste de larga duración, que no cesará por su derrumbe. Propone también en su gigantismo, contradictoria e incómoda, un proceso a nuestra sociedad, que es sin duda parte de lo que interesa a la historia.
Fernando Aliata
Presidente Asociación Argentina de Investigadores en Historia
Comisión Directiva AsAIH 2015-2017
Presidente, Fernando Aliata
Vicepresidenta, Marcela Ternavasio
Secretaria, Miranda Lida
Tesorero, Roy Hora
Vocales Titulares: Julián Gallego, Raquel Gil Montero, Andrea Lluch, Ignacio Martínez, Joaquín Perrén
Vocales Suplentes: Ana Clarisa Agüero, Ariel Denkberg